Galvez Pascual

CÁRTEL DE CAMIONES: NUEVA RESOLUCIÓN SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. AUTO DEL JM3 DE VALENCIA (4.10.2018)

CÁRTEL DE CAMIONES: NUEVA RESOLUCIÓN SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. AUTO DEL JM3 DE VALENCIA (4.10.2018)

Nuevamente tenemos una resolución acerca de la competencia judicial internacional de los Juzgados Españoles. Esta vez se trata del Auto del Juzgado Mercantil número 3 de Valencia, de 4 de octubre de 2018, resolviendo sobre una declinatoria por falta de competencia internacional planteada por AB Volvo frente a la demandante, una sociedad española y en la que, de forma especialmente didáctica, se resuelve desestimando la declinatoria planteada, por los motivos que analizaremos a continuación:

POSTURA DEFENDIDA POR AB VOLVO EN SU DECLINATORIA:

Volvo señaló que la Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2016, presupuesto declarativo de la acción follow on planteada mediante demanda, delimita con precisión el alcance y perímetro territorial, temporal y subjetivo del cártel. De este modo, de acuerdo con la naturaleza de la acción, resultaría de aplicación el foro jurisdiccional previsto en el art. 7.2 R (UE) 1215/12, que dispone la competencia “en materia delictual o cuasidelictual, (ante) el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”.

En soporte de dicha afirmación, Volvo recuerda que la jurisprudencia del TJUE (C-352/13 CDC-Hydrogen Peroxide SA) ha interpretado este precepto para afirmar que, en los supuestos en los que el perjuicio estriba en la aplicación de sobrecostes por acción de un cártel, ese lugar debe ser identificado al menos de forma abstracta como el de la constitución de ese cártel.

Igualmente, señala Volvo, la interpretación del foro no puede hacerse de manera tan extensiva que resulte competente cualquier lugar donde puedan experimentarse consecuencias patrimoniales lesivas por la acción del cártel (C-12/15 Universal Music, C-375/13 Harald Kolassa), siendo esta doctrina constante y reiterada en la reciente STJUE C-27/17 Lithuanian Airlines.

En el caso planteado, la Decisión de la Comisión es clara en el sentido de señalar que los hechos sancionados no tuvieron lugar en España. A su vez, en ningún caso el lugar de producción del daño puede identificarse con el domicilio del demandante, de acuerdo con una correcta diferenciación entre daños directos e indirectos como derivados de la acción comercial cartelizada.

POSTURA DEFENDIDA POR LA DEMANDANTE

La demandante, por el contrario, indica que la interpretación correcta de las normas y jurisprudencia comunitarias aplicables al caso reconocen jurisdicción en el foro del domicilio del actor, siendo que aquí es precisamente el actor quien ha decidido ejercer su acción ante los tribunales correspondientes al lugar de su domicilio social, que también es el lugar donde se ha materializado el daño causado por las demandadas.

Así, la venta con sobrecoste se produjo en España y, de este modo, de acuerdo con el lugar de producción del hecho dañoso, son también los tribunales españoles los del lugar mejor situado para conocer de esta demanda (nexo más estrecho). A la misma conclusión conduciría considerar el caso desde una óptica constitucional más amplia, de acuerdo con el principio de tutela judicial efectiva.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

Para resolver, el Auto señala en primer lugar que es necesario dotar de contenido y sentido la regla que establece el art. 7.2 R (UE) 1215/12, con exclusión de otras normas:

“el Reglamento, pese a que se trate de una norma comunitaria, es una regla de discriminación de competencia internacional entre Estados con una naturaleza asimilada a las soluciones de derecho internacional privado que la han precedido. Y que estas soluciones que se dan entre los Estados no se ofrecen destacando la preeminencia de una jurisdicción sobre otra, tampoco privilegiando criterios subjetivos de cualquiera de las partes por razón de su aparente debilidad o cualesquiera otros de la misma inspiración, sino identificando elementos de vinculación entre el objeto del proceso en cuestión, las vicisitudes de la acción ejercitada en cada caso y el acomodo que todo eso pueda merecer en uno u otro sistema jurisdiccional nacional y yuxtapuesto entre los que puedan resultar aparentemente competentes.”

Advierte la resolución que, como excepción a la regla de atribución de competencia general del domicilio del demandado (considerando 15 y art. 5.1 del Reglamento), el Reglamento contempla la posibilidad de que los nacionales de un estado miembro puedan ser demandados ante los tribunales de otro estado miembro, de acuerdo con las reglas de competencia especial para determinadas materias que prevé el art. 7, si bien la jurisprudencia del TJUE ha sido constante a la hora de señalar que esas reglas especiales son de interpretación estricta.

“¿Cómo se han solucionado hasta ahora los problemas de determinación del foro competente para el caso de acciones derivadas por ilícitos concurrenciales? Lo determinante es considerar que no puede partirse aquí de la cita sesgada de materiales jurisprudenciales y doctrinales concretos porque, precisamente, la solución de interpretación sobre lo que deba entenderse por el lugar de comisión del hecho dañoso parte del análisis concreto de las características de cada caso. Se trata de medir en qué lugar podrá enjuiciarse la acción que se ejercita con plenas garantías y de forma eficaz, para que en el proceso puedan recrearse las consecuencias lesivas de la infracción sobre el actor pretendidamente lesionado. Eso obliga necesariamente a recrear la situación de ese actor y de los vínculos económicos que haya sostenido con el infractor o infractores, aunque la acción sea típicamente extracontractual y no contractual. También otras circunstancias como su contabilidad, su posición en el mercado, su estructura de costes o la eventual repetición a terceros que haya podido hacer del daño sufrido. Partiendo de lo anterior, suelen identificarse alternativamente como lugares de comisión aquellos donde se ha adoptado el acuerdo o concertado la práctica que restringe la competencia, aquellos donde el perjuicio o la práctica se han desarrollado en el mercado de manera más visible o aquellos donde se ha materializado el perjuicio de forma directa. Optar por uno u otro criterio exige, insistiré en ello, considerar las circunstancias de cada caso”

Así, y en atención a la reciente jurisprudencia del TSJUE (C-352/13 y C-27/17), el Auto aclara que para determinar en este supuesto cuál es el lugar donde se ha producido o pueda producirse el hecho dañoso como extremo revelador de competencia, debe responderse a las siguientes cuestiones:

(i) ¿Cuál es el mercado afectado por la práctica anticompetitiva?

De conformidad con la Decisión de la Comisión de julio de 2016, indica la resolución, está claro que el mercado afectado es el comunitario, por lo que es indiferente dónde se pudieron celebrar las reuniones entre los cartelistas o dónde estaba residenciada la toma de decisiones de cada una de las empresas que integraron el cártel o cuál es el lugar de su domicilio social, como afirmaba Volvo.

“La interpretación de las reglas de competencia comunitarias no puede hacer del sistema de distribución de competencias una herramienta ineficiente, cuando persiguen el resultado contrario”.

(ii) ¿En qué Estado miembro se advierte una vinculación más estrecha con el caso en concreto?

En el caso planteado resulta claro: “en tanto la venta con presuntos sobrecostes se realizó en Valencia, a través de un distribuidor radicado en Valencia y siendo la actora valenciana, esa vinculación se presenta con España, siendo los tribunales valencianos los que aparentemente están mejor situados para analizar, con todas las garantías posibles y de manera eficaz, las particularidades del caso, las características económicas de la operación trabada o del daño que se dice sufrido por la actora, junto con el resto de circunstancias que pueden ser relevantes examinar en este tipo de procesos ( pass-on defense).”

(iii) ¿Qué tribunales ha escogido el actor presuntamente lesionado por la conducta cartelizada?

El actor ha escogido los tribunales correspondientes al lugar de su domicilio social y que además son esos que presentan una vinculación estrecha con el caso en cuestión. Y es que, pese a las alegaciones de Volvo, la elección del actor no supone la interpretación extensiva de las reglas aplicables, pues el actor no deforma ninguno de los criterios señalados para hacerlos coincidentes con el lugar de su domicilio social.

“Por el contrario, quiere verse indemnizado del daño directo que dice haber sufrido: el pago de un sobreprecio artificial. Y el lugar de acaecimiento de ese daño es el coincidente con el de su domicilio social, que igualmente coincide con el de perfección de la operación de la que se derivó ese daño.”

Por tanto, resuelve finalmente:

“Coinciden entonces en el mismo lugar, Valencia, la localización del mercado afectado por la práctica anticompetitiva, el lugar de producción del daño y el de acaecimiento del resto de circunstancias que son útiles para construir una relación de vinculación estrecha para el Reglamento. Por todo ello, cabe concluir afirmando que, en el caso concreto, este juzgado es el correspondiente al del lugar donde se han producido los daños que el actor pretende ver indemnizados, en términos del art. 7.2 R (UE) 1215/12.”

A mayor abundamiento, la resolución contempla además los siguientes criterios de atribución de competencia territorial a los Juzgados de Valencia, en tanto:

A. La interpretación de la regla de atribución de competencia debe partir de la asunción previa de una noción de “sistema judicial comunitario”, que no puede utilizarse para regular de manera ineficaz las reclamaciones entre nacionales de Estados miembros. Esa vocación supone una cualificaciónde los preceptos del Reglamento, hasta convertirlas en algo más que meras reglas de derecho internacional privado”.

B. la interpretación que se ofrece en los textos comunitarios que pretenden regular el espacio judicial comunitario debe ser armónica y conforme entre todos ellos.

Por eso es de interés destacar que la solución que aquí se da es asimilable a las previsiones que, para las materias típicamente extracontractuales, aún dispone el R ( CE) 864/07 en su art. 4.1.

C. El tenor de la regulación sustantiva aplicable parte de la asunción de una regla expresa de indemnidad que se reconoce a los perjudicados por una conducta anticompetitiva, recogida en el art. 72 LDC y establecida procesamente en el principio de efectividad, que igualmente se reconoce en el art. 4 de la Directiva 2014/104/UE.

D. Finalmente, concluye el auto que: “debe igualmente considerarse que el actor, consumidor o profesional, tanto da, adquirió unos productos a través de un establecimiento abierto al público sito en un lugar próximo al de su centro de intereses y vinculado, al menos comercialmente, a las empresas cartelistas, sin que deban resultar oponibles al actor las vicisitudes de estas empresas en términos de configuración societaria o desarrollo de su giro económico en cada región de la Unión a través de los distintos canales de distribución que hayan podido establecer.”

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